En un intento por descomprimir tensiones políticas y rearmar puentes con sectores clave, el Gobierno nacional ha decidido postergar la promulgación de los vetos anunciados sobre la reciente Ley Bases, mientras explora vías de diálogo con los gobernadores. Esta maniobra busca, fundamentalmente, ganar tiempo en un escenario de creciente fragmentación legislativa y presión desde distintas provincias, donde el oficialismo necesita reconstruir apoyos para avanzar con su agenda de reformas.
El aplazamiento de las objeciones, previamente anunciado por el Ejecutivo después de que se realizaran cambios en el Senado que no favorecían sus intereses, se basa en un análisis político: provocar un enfrentamiento ahora podría dejar aún más solo al Gobierno en el Congreso. Por esta razón, se decidió establecer un período de espera para poder reanudar el diálogo con gobernadores provinciales, sobre todo con aquellos que en parte habían respaldado los proyectos del Ejecutivo pero se alejaron tras las recientes disputas legislativas.
Desde Casa Rosada se reconoce que la correlación de fuerzas en ambas cámaras del Congreso es delicada y que cada votación requiere una ingeniería política milimétrica. El clima de confrontación que se generó tras la media sanción inicial, y que se profundizó con la devolución de la ley modificada desde el Senado, provocó un desgaste considerable en la relación del Ejecutivo con varios jefes provinciales, incluso aquellos que forman parte de coaliciones afines o que habían mostrado disposición a colaborar.
Ahora, el gobierno confía en limitar los daños y establecer una etapa renovada de comunicación. De acuerdo con fuentes vinculadas al gabinete, el líder nacional ordenó a sus ministros que busquen establecer contactos con los gobernadores mediante una agenda económica común. Se proporcionarían incentivos fiscales, acceso a financiamiento para proyectos de infraestructura y la opción de incorporar demandas provinciales en un nuevo conjunto de leyes que se propondría en la segunda mitad del año.
El Ejecutivo no descarta vetar algunos artículos puntuales de la Ley Bases, como los vinculados al régimen de promoción de inversiones o la redistribución de recursos, pero busca hacerlo dentro de un marco negociado y no como una imposición unilateral. El riesgo de volver a escalar el conflicto político en un contexto de alta inflación, caída de la actividad y tensiones sociales podría impactar negativamente en los mercados y, sobre todo, en la gobernabilidad.
Los mandatarios regionales han expresado su inquietud acerca de la dirección de la economía y la incertidumbre en las remesas del gobierno central. Algunos de ellos demandan una participación más activa en la formulación de estrategias fiscales y el respeto a los convenios ya establecidos. Si bien no se ha constituido un grupo cohesionado de líderes opositores, existe un consenso en solicitar un diálogo institucional más fluido y una estrategia más definida para la recuperación económica de las regiones.
La búsqueda de una tregua con los líderes provinciales también responde a la necesidad del Gobierno de mostrar señales de estabilidad política ante los organismos internacionales de crédito y sectores empresariales. En este sentido, el retraso de los vetos podría interpretarse como un gesto de racionalidad institucional, que permita recomponer canales de interlocución con actores clave del sistema federal.
En paralelo, la Jefatura de Gabinete trabaja en una hoja de ruta legislativa que permita recuperar la iniciativa perdida tras los reveses parlamentarios. Entre los temas prioritarios figuran la reforma laboral, la modernización administrativa, la reestructuración del sistema previsional y un nuevo esquema de distribución de subsidios. Todas estas iniciativas requerirán acuerdos amplios que solo podrán alcanzarse mediante una negociación política con gobernadores y bloques parlamentarios.
El contexto actual obliga al oficialismo a combinar firmeza con pragmatismo. Mientras persiste el objetivo de avanzar con reformas estructurales, también se impone la necesidad de reconstruir legitimidad y capacidad de gestión. En este marco, el retraso en los vetos no representa un cambio de rumbo, sino un ajuste táctico en medio de un tablero político volátil.
El desafío, en definitiva, será sostener la gobernabilidad sin ceder el impulso reformista. Para ello, el Gobierno necesita restablecer relaciones estratégicas con los mandatarios provinciales y garantizarse los votos necesarios en el Congreso. La política, como siempre, exige tanto decisiones firmes como capacidad de escuchar.
