La salida del vicecanciller Eduardo Bustamante confirmó una tendencia que se venía consolidando en el Ministerio de Relaciones Exteriores: el avance del núcleo más cercano a la presidencia en la definición de la política exterior y el desplazamiento progresivo de figuras vinculadas a la diplomacia tradicional. El recambio no solo representa un cambio de nombres, sino un giro claro hacia una Cancillería con impronta comercial y orientada a las prioridades políticas del oficialismo.
Bustamante, diplomático de carrera con experiencia en misiones en Angola, Pakistán y Uruguay, había asumido el cargo en octubre de 2024, tras la salida de Leopoldo Sahores. Su perfil técnico y de bajo perfil lo mantuvo en funciones incluso tras la llegada de un nuevo canciller, pero su margen de maniobra se fue reduciendo con el correr de los meses. Desde el entorno diplomático aseguran que en el último tiempo ya no tomaba decisiones sustanciales y que su rol había quedado limitado a funciones protocolares.
Su partida oficializa un proceso iniciado con el despido de la antigua canciller Diana Mondino, tras un sufragio en Naciones Unidas que generó tensiones internas. Desde entonces, el ámbito quedó más controlado por la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei, quien impulsó una reorganización destinada a fortalecer el aspecto comercial de la política externa y eliminar personajes vinculados al anterior esquema de gobierno.
La estrategia se traduce en un mayor protagonismo de actores con experiencia empresarial o perfiles técnicos en comercio exterior. La Cancillería, históricamente dominada por diplomáticos de carrera y funcionarios formados en relaciones internacionales, comienza a reconfigurarse con funcionarios que provienen del mundo de los negocios y con afinidad política con el actual gobierno.
El ministro Gerardo Werthein, empresario con destacada carrera en el sector privado y representación institucional, representa una nueva fase. Su nombramiento dio lugar a cambios en posiciones importantes, sumando líderes relacionados con el oficialismo libertario y al ámbito empresarial. En este contexto, sobresalen figuras como Fernando Brun, quien ocupó la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y Luis María Kreckler, encargado de labores estratégicas en comercio e inversiones.
Simultáneamente, se promueve una red de delegados con el objetivo de captar inversiones internacionales y fomentar pactos bilaterales enfocados en intereses económicos. Esta perspectiva de «delegados comerciales» obedece a una concepción que ve la diplomacia como un instrumento para el crecimiento económico, en vez de como un medio de creación política multilateral.
Desde distintos sectores del cuerpo diplomático se observa con preocupación esta transformación. Advierten que el desmantelamiento de estructuras históricas y la pérdida de espacios de decisión por parte de los diplomáticos de carrera puede tener consecuencias sobre la capacidad del país para sostener una política exterior sólida, profesional y coherente. También se señala que el creciente peso de las decisiones políticas y la centralización del poder en manos de la Secretaría General genera tensiones internas.
La figura de Karina Milei, con fuerte ascendencia sobre las designaciones en áreas sensibles del Ejecutivo, es central en este proceso. Su intervención directa en temas diplomáticos —hasta ahora reservados a funcionarios con trayectoria en relaciones exteriores— marca una nueva dinámica en la administración pública, donde la cercanía al poder y la lealtad política adquieren un peso determinante.
La salida de Bustamante deja vacante el cargo de vicecanciller y abre una etapa de definiciones clave para el Palacio San Martín. La incógnita es si se profundizará la tendencia actual o si se buscará algún equilibrio con sectores tradicionales del servicio exterior. Por ahora, todo indica que la línea comercial y políticamente alineada con la Casa Rosada seguirá consolidándose como el nuevo eje rector de la diplomacia argentina.
