El presidente Javier Milei ha confirmado el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada de la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, forma parte de un plan más amplio del gobierno para reducir el tamaño del Estado y transferir empresas públicas al sector privado.
Detalles de la privatización
Según el plan presentado, el Estado transferirá el 90% de las acciones de AySA al capital privado, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los empleados de la empresa a través del programa de propiedad participada. Adorni argumentó que la privatización permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio, citando como razones la necesidad de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia operativa.
Contexto financiero de AySA
AySA ha enfrentado dificultades financieras en los últimos años. Entre 2006 y 2023, la empresa requirió inyecciones del Tesoro argentino que superaron los 13.400 millones de dólares. Además, la dotación de personal creció un 90% durante la gestión estatal, y el nivel de morosidad de los usuarios alcanzó el 16%, frente al 4% promedio registrado anteriormente. Estos indicadores han sido citados como justificación para la decisión de privatizar la empresa.
Reacciones y preocupaciones
La venta de AySA al sector privado ha suscitado múltiples opiniones tanto en la comunidad como en el entorno político. Los sindicatos han manifestado inquietud debido a la potencial disminución de puestos laborales y la posible afectación en la calidad del servicio al estar en manos privadas. De igual manera, diversas entidades de la sociedad civil han señalado los peligros de que la disponibilidad de agua potable llegue a ser solo accesible para quienes puedan costearlo, en lugar de ser un derecho de todos.
Pasos siguientes
El gobierno ha indicado que el proceso de privatización se llevará a cabo mediante una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico. Además, se contempla la posibilidad de realizar una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Se espera que el proceso se complete en los próximos meses, con el objetivo de que la privatización se concrete antes de finales de 2026.
Esta acción forma parte de una estrategia más extensa del gobierno de Milei para disminuir el tamaño del Estado y pasar empresas públicas al ámbito privado. En meses recientes, se han privatizado otras compañías estatales, como la metalúrgica Impsa, vendida a la norteamericana Arc Energy, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), que provee gas y electricidad a nivel nacional.
