Compañías extractivas que llevan a cabo iniciativas de cobre en Argentina han pedido al gobierno nacional prolongar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sosteniendo que el tiempo de vigencia actual, que finaliza el 8 de julio de 2026, no es suficiente para que varias operaciones puedan incorporarse y aprovechar este marco legal.
Durante la reciente Conferencia Internacional Argentina Cobre, celebrada en la provincia de San Juan, representantes de firmas con proyectos en etapas avanzadas de exploración expresaron su inquietud por los tiempos restrictivos del régimen. Según manifestaron, la naturaleza de los desarrollos cupríferos, que requieren años de estudios, evaluaciones ambientales, planificación financiera e infraestructura, no se condice con la ventana temporal acotada que ofrece el RIGI.
Uno de los proyectos más importantes en discusión es Los Azules, dirigido por McEwen Copper, con una inversión planeada de aproximadamente 2.700 millones de dólares. Michael Meding, su vicepresidente, señaló que, a pesar de los intentos realizados, el proceso para la integración al régimen todavía no ha sido autorizado, en parte debido a los tiempos administrativos y restricciones temporales. Indicó que varios inversores son reacios a continuar invirtiendo en desarrollos sin seguridad normativa a largo plazo, especialmente en escenarios tan variables como el argentino.
Desde Altar, uno de los destacados proyectos de la zona, se expresó una preocupación similar. Javier Robeto, uno de los directores, destacó que la mayoría de los proyectos de cobre, excepto algunas excepciones, podrían quedar fuera del sistema. Según sus declaraciones, “si la ventana del RIGI se cierra prematuramente, la viabilidad de los proyectos actuales se disminuye considerablemente”.
El RIGI, impulsado por el gobierno como parte de un paquete de reformas económicas, fue diseñado para fomentar grandes inversiones mediante beneficios fiscales y aduaneros, incluyendo estabilidad tributaria por 30 años, reducción de impuestos, libre disponibilidad de divisas y acceso a mecanismos de arbitraje internacional. Sin embargo, su aplicación exige que los proyectos estén en condiciones de adherirse antes de la fecha límite, algo que no todos pueden garantizar.
San Juan se destaca como la provincia más importante en el ámbito del desarrollo de cobre, con proyectos como Vicuña, Altar y Los Azules. El sector privado está presionando para que el gobierno considere extender el régimen actual o permita nuevas rondas de adhesión posteriores a 2026.
La minería del cobre es considerada estratégica para Argentina, no sólo por el potencial de exportación sino por el creciente protagonismo del mineral en la transición energética mundial. Desde el cierre de la mina La Alumbrera en 2018, el país no registra producción cuprífera activa, aunque se estima que entre seis y ocho proyectos de clase mundial podrían entrar en operación hacia fines de la década.
La meta oficial es incrementar las exportaciones del sector, elevándolas del nivel actual a un rango estimado de entre 7.000 y 12.000 millones de dólares cada año para el 2032. Esto también contribuiría a duplicar los empleos directos e indirectos relacionados con la minería, logrando cerca de 200.000 puestos laborales. Sin embargo, en ausencia de un marco regulatorio estable y con incentivos continuos, los participantes de la industria alertan que esos objetivos podrían ser difíciles de alcanzar.
En paralelo, el gobierno ha avanzado en otros aspectos normativos, como la desburocratización de trámites mineros y la modernización del sistema de información geológica. Mediante un decreto reciente, se transfirieron competencias técnicas al Servicio Geológico Minero Argentino y se flexibilizaron requisitos que anteriormente ralentizaban la aprobación de inversiones.
Pese a estos avances, persiste preocupación por la presión fiscal. La Cámara Argentina de Empresas Mineras ha advertido que el aumento de regalías y otros tributos podría disuadir a potenciales inversores. Actualmente, la carga impositiva efectiva en el sector ronda el 50 %, uno de los niveles más altos a nivel internacional.
La solicitud de las empresas mineras de cobre presenta un desafío para las decisiones gubernamentales: si el sistema no se expande, numerosos proyectos podrían quedar excluidos del entorno que asegura constancia y previsibilidad. Para los industriales del ámbito, esta elección podría ser crucial entre afianzar un nuevo periodo de crecimiento minero o perder la ocasión de colocar a Argentina como una figura importante en la industria mundial del cobre.
