La inflación en Argentina registró una variación mensual de 4,6% durante junio, mostrando un comportamiento prácticamente estable respecto a mayo, cuando se había ubicado en 4,2%. Este dato, aunque aún elevado, representa una continuidad en la tendencia de desaceleración que se viene observando desde los picos inflacionarios de finales de 2023, cuando las cifras mensuales superaban ampliamente el 20%.
Con este nuevo registro, la inflación interanual alcanzó el 276,4%, una cifra aún alarmante, pero que refleja una desaceleración respecto a los valores de meses anteriores. El gobierno sostiene que estas señales responden a los efectos de un plan económico centrado en el equilibrio fiscal, la reducción de la emisión monetaria y la contención del gasto público, medidas que han sido respaldadas por organismos multilaterales, pero que también han generado tensiones sociales y costos en términos de actividad económica.
Los informes oficiales indican que en junio hubo una reducción en el ritmo de incremento de precios en áreas fundamentales como alimentos, bebidas no alcohólicas, salud y transporte. Estos sectores, que suelen afectar significativamente el presupuesto de los argentinos, habían mostrado incrementos notables durante la mayor parte del año pasado. En esta oportunidad, aunque siguieron subiendo, lo hicieron de manera más controlada.
Por otro lado, algunas categorías como vivienda, servicios básicos y educación mostraron incrementos por encima del promedio, impulsados por ajustes tarifarios y costos estacionales. Las tarifas de electricidad y gas, en particular, han sido objeto de reestructuraciones dentro del esquema de subsidios del Estado, lo que ha generado un impacto directo sobre el índice general de precios.
El grupo económico gubernamental percibe que la estabilidad en la inflación mensual indica que las estrategias implementadas empiezan a mostrar resultados positivos. Se destacan la liberalización progresiva del mercado cambiario, la adopción de una estricta ancla fiscal y la contención de la emisión monetaria por parte del banco central. Simultáneamente, continúan las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para asegurar la sostenibilidad del plan económico.
No obstante, varios expertos señalan que, aunque se ha alcanzado cierto manejo en la macroeconomía, continúan presentes retos estructurales que podrían complicar el fortalecimiento de esta dinámica. Entre estos retos se incluyen la recesión en industrias importantes, la disminución del consumo, la limitada capacidad de ahorro de la población y el estancamiento de la inversión privada. También es motivo de preocupación la fragilidad del tipo de cambio y la disparidad constante entre el dólar oficial y los paralelos.
En el ámbito político, la progresión de la inflación se ha convertido en un indicador fundamental para evaluar el apoyo a la administración vigente. Aunque la caída de los índices trae cierto respiro, persiste una intensa demanda social para mejorar el poder adquisitivo, ajustes salariales y ampliación del acceso a créditos. Los sindicatos y grupos sociales siguen exigiendo acciones que mejoren las condiciones de los sectores más desfavorecidos, los cuales han experimentado un notable empeoramiento en su calidad de vida durante el último año.
Las previsiones sobre la inflación para el segundo semestre de este año permanecen algo optimistas, con estimaciones que varían entre el 3,5% y el 5% al mes, dependiendo de la fluctuación del dólar, los precios globales y las medidas de política económica nacional. Sin embargo, numerosos analistas opinan que lograr una inflación mensual inferior al 3% será desafiante en un entorno que todavía presenta volatilidad.
