El Gobierno argentino implementó una acción esperada por el sector agroindustrial: la disminución temporal de los impuestos a las exportaciones de granos, alimentos y productos agroindustriales elaborados. Esta medida fue formalizada mediante un decreto que establece una reducción general de las tasas aplicadas a los derechos de exportación para algunos productos esenciales de la economía nacional. La decisión se integra en una táctica de incentivo a la producción, el aumento de la competitividad internacional y la generación de divisas en un entorno económico desafiante.
La disminución afecta a más de 350 categorías arancelarias que incluyen alimentos procesados, legumbres, aceites, harinas, productos pesqueros, carnes, bebidas y otros bienes con valor agregado del sector agropecuario. Para varios de estos productos, las tasas serán reducidas a cero o a un nivel mucho más bajo que el vigente anteriormente. El decreto especifica que esta reducción se aplicará por un tiempo limitado, con posibilidad de revisión tras evaluar su impacto fiscal y productivo.
Dentro de los artículos afectados por la disposición se encuentran harinas y aceites vegetales, leche en polvo, carne de oveja, embutidos, conservas, frutas secas, alimentos balanceados, vinos, jugos y distintas preparaciones alimenticias. También se consideran productos del mar, como langostinos y filetes de pescado, así como algunas legumbres y verduras envasadas. Para los productos industriales de origen agrícola, la disminución se aplica a productos como pastas, alimentos para niños y galletas.
El Gobierno argumenta que la medida apunta a mejorar la competitividad internacional del sector agroindustrial argentino, uno de los principales generadores de divisas para el país. Asimismo, se busca estimular las exportaciones con mayor valor agregado y fortalecer el posicionamiento de los productos nacionales en mercados externos. Las autoridades sostienen que este incentivo también contribuirá a la reactivación de economías regionales y a la creación de empleo en zonas productoras.
El decreto destaca que el beneficio impositivo se aplicará exclusivamente a productos industrializados, excluyendo materias primas sin transformación. De este modo, se privilegia la cadena de valor y se desalienta la exportación de productos en bruto, fomentando la inversión en procesos industriales dentro del país.
El sector agroindustrial, que había estado solicitando acciones fiscales de alivio, acogió el anuncio con optimismo cauteloso, aunque algunas organizaciones pidieron que las reducciones incluyeran productos excluidos del listado. También surgieron inquietudes sobre el tiempo que durará la ventaja y la necesidad de convertirlo en una política duradera para ofrecer más certeza a los exportadores.
En paralelo, sectores importantes alertan sobre el impacto económico de la medida y su posible efecto en los ingresos del Estado. En un escenario de austeridad fiscal y necesidad de cumplir con los objetivos presupuestarios, expertos destacan que cualquier disminución de ingresos ha de ser compensada mediante un incremento en las exportaciones o el crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, el Gobierno subraya que la meta principal es estimular la economía y expandir la base de exportación.
El anuncio se produce en un momento en que el país busca recuperar competitividad externa tras un período prolongado de restricciones cambiarias, alta inflación y presión impositiva. En este sentido, la rebaja temporal de retenciones se interpreta como un gesto hacia el sector privado, especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas del interior que dependen del comercio exterior para sostener su actividad.
Las autoridades aseguran que se realizará un monitoreo continuo de los resultados obtenidos. Si bien el decreto fija una vigencia inicial, se contempla la posibilidad de prórroga o modificación según las condiciones macroeconómicas y el comportamiento de los mercados internacionales.
La medida también ha sido observada por países socios comerciales y bloques económicos interesados en la evolución de la política comercial argentina. La decisión de reducir aranceles a la exportación podría fortalecer el acceso a mercados estratégicos y mejorar el cumplimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales, en particular aquellos relacionados con alimentos y productos agroindustriales.
Con la presente medida, el Gobierno pretende dar un impulso a uno de los sectores más activos de la economía argentina, el cual es una fuente crucial de ingresos en moneda extranjera y de trabajo en diversas áreas del país. A medio plazo, el logro de esta estrategia estará condicionado por su coordinación con otras políticas enfocadas en optimizar la infraestructura, el acceso a financiamiento y la integración internacional del sistema productivo nacional.
