El Parlamento de Argentina ratificó una normativa que implementa un renovado sistema de ajuste para las pensiones, ofreciendo un incremento considerable para los pensionados, a pesar de la posibilidad de veto anunciada por el presidente Javier Milei. La propuesta obtuvo un fuerte apoyo legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, mostrando un acuerdo político sobre la importancia de aumentar los ingresos de un sector afectado por la inflación y las medidas económicas restrictivas.
La ley contempla una fórmula de movilidad jubilatoria que combina la evolución de la inflación y los salarios, con el objetivo de evitar el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores. Esta nueva modalidad de cálculo reemplaza al mecanismo implementado por decreto por el actual gobierno, el cual priorizaba la contención del gasto público por sobre el incremento de los haberes jubilatorios.
Durante la discusión en el parlamento, representantes de diferentes partidos sostuvieron que el reciente régimen es una respuesta a una emergencia social, considerando que más del 70% de los jubilados en Argentina reciben ingresos inferiores al costo de la canasta básica. Los partidarios de la ley afirmaron su sostenibilidad fiscal, garantizando que el Estado tiene la capacidad de cubrir el aumento sin afectar la estabilidad financiera.
El gobierno, por su lado, manifestó su desaprobación hacia la ley sancionada, considerándola irresponsable y en oposición a los principios de austeridad promovidos por el Ejecutivo. El presidente Milei había declarado su intención de rechazar cualquier propuesta que contemple un incremento considerable en el gasto público, en línea con su política de disminuir el déficit fiscal y realizar una reforma estructural del Estado.
No obstante, la decisión del Congreso alcanzó las cifras necesarias para que, si se aplicara el veto presidencial, se pudiera persistir con la legislación y lograr su promulgación a través de una mayoría calificada. Esta situación generó un nuevo foco de tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto político ya caracterizado por el conflicto.
La ley también incluye un bono adicional para quienes perciben los haberes mínimos, medida que busca mitigar el impacto del aumento de precios en los sectores más vulnerables del sistema previsional. Además, se contempla un ajuste automático trimestral, lo que permitirá mantener una actualización constante de los haberes en línea con el índice de precios al consumidor.
Organizaciones de jubilados, sindicatos y sectores sociales celebraron la aprobación de la iniciativa como un triunfo para los derechos de los adultos mayores. En tanto, desde el oficialismo se reiteró que el esquema actual provisorio implementado por decreto busca ordenar las cuentas públicas antes de avanzar hacia una reforma integral del sistema previsional.
La ratificación de esta normativa ocurre dentro de un marco de alta conflictividad social y política, donde hay manifestaciones constantes contra las políticas de austeridad y un aumento en la solicitud de medidas que brinden apoyo a los sectores más afectados por la recesión económica.
A pesar del desacuerdo con el Ejecutivo, varios bloques de la oposición dejaron la puerta abierta a discutir una reforma previsional más amplia en el futuro, siempre que garantice el financiamiento sostenible y el respeto a los derechos adquiridos.
La presión por el incremento de las pensiones se añade a una cadena de desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en una fase del gobierno que se distingue por la implementación de reformas significativas y el esfuerzo por establecer una nueva perspectiva económica para el país. El resultado de este enfrentamiento definirá no solo el curso inmediato de la política de pensiones, sino también la habilidad del gobierno para mantener su programa legislativo ante una oposición que empieza a organizarse con más eficacia.
