El Gobierno nacional está finalizando los detalles de un decreto que pondrá en marcha una significativa reforma estructural en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las instituciones científicas más importantes del país en cuanto a desarrollo rural y tecnología aplicada al sector agroindustrial. Esta propuesta es parte del plan oficial para reorganizar el Estado e incluye, entre otras acciones, la incorporación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en el marco institucional del INTA.
La medida, que será formalizada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), apunta a reconfigurar las funciones y competencias del organismo agropecuario, otorgándole mayores atribuciones y concentrando en su estructura capacidades antes distribuidas en otras dependencias. Con esta decisión, el Ejecutivo busca unificar criterios de investigación y desarrollo en torno al eje productivo rural, bajo una lógica de centralización que, según se argumenta desde el oficialismo, permitiría “ganar eficiencia y evitar duplicación de tareas”.
El proyecto ya ha generado reacciones dispares en distintos sectores vinculados al sistema científico y productivo. Mientras que algunos actores de la agroindustria observan con atención el posible fortalecimiento del INTA como eje rector de la innovación agropecuaria, otros expresan preocupación por el futuro del INIDEP, organismo especializado en investigaciones sobre los recursos pesqueros y marinos, cuya trayectoria científica es ampliamente reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional.
Actualmente, el INIDEP opera con base en Mar del Plata y cuenta con un plantel técnico de alta especialización. Su trabajo ha sido clave para determinar cuotas de pesca, evaluar el estado de los recursos ictícolas y generar datos críticos para la sustentabilidad del sector pesquero argentino. La posible integración del instituto dentro del INTA genera interrogantes sobre la autonomía de sus líneas de investigación, los recursos asignados y el mantenimiento de su infraestructura científica.
Desde el Ministerio de Capital Humano, área que quedará a cargo del rediseño institucional, se ha indicado que la medida buscará preservar las capacidades técnicas de ambos organismos, pero adecuándolas a una nueva lógica de funcionamiento del Estado. En ese sentido, se evalúa reestructurar direcciones, fusionar programas y redefinir líneas de financiamiento, bajo criterios de “racionalización” y “eficiencia operativa”.
En el ámbito político, la resolución se sitúa dentro de una fase del Ejecutivo marcada por una intensa embestida reformadora en varias instituciones del Estado. El reciente cambio en la junta directiva del INTA, que ahora presenta una reducida representación de los sectores productivos, científicos y de las provincias, anticipa la dirección que se planea dar a la entidad. Con esta nueva estructura, el Poder Ejecutivo contará con más espacio para establecer metas y estrategias, reduciendo en parte la intervención multisectorial que históricamente ha distinguido al instituto.
En los días próximos, el decreto se publicará en el Boletín Oficial, previendo que su puesta en marcha inicie sin demora. Entretanto, gremios del sector público, asociaciones de científicos y empleados del INIDEP han iniciado la organización de actividades para dar visibilidad y resistir ante lo que perciben como una posible «disolución oculta» del ente en Mar del Plata.
El INTA, con más de seis décadas de historia, ha sido históricamente uno de los referentes en materia de investigación aplicada al campo argentino, con presencia en todas las regiones del país. Su articulación con universidades, cooperativas, empresas y gobiernos provinciales ha permitido impulsar tecnologías de alto impacto productivo y social. La incorporación del INIDEP a su estructura, si bien representa una ampliación de funciones, también plantea el desafío de preservar la especificidad científica de cada área de conocimiento.
Este cambio no solo transforma el esquema institucional del Estado en el campo de ciencia y tecnología, sino que también inicia una discusión intensa sobre el modelo de generación de conocimiento público y el papel del Estado como coordinador de políticas para el desarrollo sostenible. Para numerosos participantes del sector, el impacto real de esta reforma dependerá menos del contenido del decreto y más de la disposición política y financiera con la que se lleve a cabo en los meses venideros.
