La Asamblea Legislativa de El Salvador dio su visto bueno este jueves a una enmienda constitucional que autoriza la reelección ilimitada del presidente. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los legisladores aprobaron un cambio histórico, abriendo la posibilidad para que el actual presidente, Nayib Bukele, se presente nuevamente en 2029 si así lo desea. Esta enmienda transforma de manera importante el escenario político del país al permitir que un presidente pueda contender por tantos periodos como quiera, siempre que cuente con el apoyo del electorado en las urnas.
El cambio incluye la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años, con la posibilidad de que los votantes decidan al inicio y a la mitad del mandato si le otorgan el control de la Asamblea Legislativa. Este control es crucial, ya que es a través de esta Asamblea que se eligen funcionarios de segundo grado y se aprueban o reforman leyes.
Cambios que alteran el procedimiento electoral y su impacto en las próximas votaciones
Aparte de habilitar la reelección sin límite, los legisladores también dieron su visto bueno para acortar el período de gobierno de Bukele de 2029 a 2027. Esta acción tiene como objetivo hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas, permitiendo que ambas se lleven a cabo en el mismo año, lo cual favorecería la participación de los ciudadanos.
Ernesto Castro, quien es el presidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido oficialista Nuevas Ideas, enfatizó que la autoridad reside en los ciudadanos y que la última palabra sobre la reelección debería ser decidida por los salvadoreños mediante su sufragio. No obstante, a pesar de que estas reformas han sido aceptadas, Bukele no ha indicado si intentará un tercer periodo. En una entrevista en junio de 2024, Bukele había señalado que no buscaría la reelección, basándose en la constitución y un pacto personal con su esposa.
Modificación en el sistema electoral y la eliminación de la segunda vuelta presidencial
Los legisladores también eliminaron la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ahora, la fórmula presidencial que obtenga el mayor número de votos válidos en la primera vuelta será la ganadora. Anteriormente, la Constitución requería que un candidato presidencial ganara con al menos el 50 % más uno de los votos válidos para obtener la presidencia en la primera vuelta.
Esta alteración fue apoyada por los legisladores de Nuevas Ideas, quienes argumentaron que la enmienda traería ahorros significativos para el Estado. Unas horas más tarde, durante otra sesión plenaria, los congresistas confirmaron el pacto de modificación constitucional, declarando que esta fecha señalaría un cambio trascendental para El Salvador.
Reacciones de la oposición ante la aprobación de la reforma
La reforma ha sido ampliamente criticada por la oposición, que considera que esta modificación podría llevar al país hacia un sistema autoritario. Marcela Villatoro, diputada del partido conservador Arena, expresó que con la aprobación de esta reforma “ha muerto la democracia en El Salvador”, acusando al oficialismo de respaldar la consolidación de una dictadura. Por su parte, Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó que las reformas eran un intento del oficialismo por mantener el poder por tiempo indefinido, con el temor de perder las elecciones futuras.
Claudia Ortiz, de Vamos, también denunció las reformas, calificándolas como un intento de perpetuar el poder en manos de un solo partido y no de devolverlo al pueblo. Para Ortiz, las reformas violan el artículo 88 de la Constitución, que establece que la alternancia en el poder es esencial para mantener el sistema político del país.
Oposición de la ciudadanía frente a la modificación de la reelección sin límites
La organización Acción Ciudadana también se ha manifestado en contra de la reforma, señalando que la posibilidad de la reelección indefinida cierra la vía electoral como un mecanismo de alternancia democrática. Según Acción Ciudadana, esta medida podría tener consecuencias negativas para la estabilidad democrática y el equilibrio de poder en el país.